Desde el primer Encuentro Nacional de Acueductos Comunitarios en Bogotá en el año 2006, las comunidades organizadas alrededor de la gestión comunitaria del agua en Colombia, comenzaron a diseñar acciones de resistencia y propuestas alternativas que dieron origen y fundamento al proyecto de ley propia “Por el derecho a la autogestión comunitaria del agua, su uso individual y colectivo”, una iniciativa formulada de manera participativa por los distintos procesos sociales de articulación del país relacionados con el sector. Posteriormente se realizaron cinco encuentros más en las ciudades de Buga (2010), Cartagena (2011), Pasto (2012), Villavicencio (2015) y el último de ellos en la ciudad de Medellín en septiembre del año 2016. En el marco de estos seis encuentros, se conformó y consolidó un proceso social de articulación denominado Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia, de la cual hace parte el IMCA y otras ONG de distintas regiones en su rol de organizaciones acompañantes.
La Red en su esencia es un proceso de articulación de organizaciones que agrupan diferentes asociaciones, redes y federaciones de acueductos comunitarios, constituida para la defensa, el fortalecimiento y el reconocimiento de la gestión comunitaria del agua. Está conformada por mujeres y hombres de comunidades organizadas de Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Santander, Meta, Guaviare, Casanare, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Bolívar, Sucre, Guajira, Magdalena y Bogotá.
En ese orden de ideas y siguiendo una ruta estratégica, este año se realizará el “VII Encuentro Nacional de Acueductos Comunitarios”, el cual tendrá lugar en el municipio de Iza, departamento de Boyacá los días 15, 16, 17 y 18 de noviembre. Este evento tendrá como objetivos fortalecer el proceso organizativo de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios; analizar colectivamente el contexto de denegación del derecho a la autogestión colectiva del agua, con miras a producir un informe alterno; deliberar los escenarios que posibilitarán la presentación del proyecto de ley propia ante el Congreso de la República; identificar los riesgos y las estrategias de protección colectiva para los defensores y defensoras del agua, la vida y el territorio; y por último, realizar un intercambio de experiencias en torno a la gestión comunitaria del agua.
