EXPERIENCIA DEL IMCA UN REFERENTE EN AUDIENCIA PÚBLICA: SOBERANÍA ALIMENTARIA Y AGRICULTURA FAMILIAR

Soberanía Alimentaria y Agricultura Familiar han sido conceptos ampliamente debatidos en los últimos años en muchos espacios nacionales e internacionales de la Vía Campesina, FAO, ONU, CAN, Foro Rural Mundial, MAELA, etc. Gracias a ello hoy existen argumentos sociales, económicos, ambientales y técnicos, que deben obligar al gobierno a repensar su política pública enfocada a dar garantías única y exclusivamente a la gran empresa agroexportadora y de monocultivos. Este debate se ha agudizado recientemente con las movilizaciones de pequeños agricultores: lecheros, paneleros, cafeteros, cocaleros, paperos, arroceros, maiceros, sin tierra, etc., quienes han obligado al gobierno a sentarse a debatir las políticas agrarias para los pequeños productores que no se ven representados en los gremios con los que dialoga el gobierno.

De los debates a nivel global surge la necesidad de visibilizar y crear políticas públicas para alcanzar la soberanía alimentaria y favorecer la Agricultura Familiar Campesina y Agroecológica. Es así que se propone el año 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar – AIAF desde las organizaciones de la sociedad civil.

El gobierno habla de la posibilidad y necesidad de convivencia de dos modelos: agroempresarial y de pequeña agricultura. Sin embargo, esto plantea retos gigantes en términos de tierras, legislación, investigación y finanzas. Es acá donde esta audiencia pública pretende hacer aportes con base en las experiencias que vienen impulsando varias organizaciones campesinas, indígenas y afro de Colombia.

Por ejemplo, no es negociable la posibilidad de convivencia de pequeños productores campesinos y agroecológicos con el modelo agroempresarial, que utiliza semillas transgénicas y aplica grandes cantidades de agroquímicos con avionetas. De igual manera el modelo agroempresarial concentra grandes cantidades de tierra en pocas manos y limita su producción a unos pocos productos destinados a la agroindustria para la exportación de materias primas, utilizando los mejores suelos del país y despojando de manera ilegal a las comunidades campesinas de sus mejores tierras para que pasen a engrosar los cordones de miseria de las ciudades.

De otro lado los funcionarios del gobierno plantean la necesidad de alianzas productivas entre grandes y pequeños agricultores y comerciantes. Las famosas “cadenas productivas” solo funcionan bien en la medida que existan equilibrios en todos los eslabones y va a ser difícil pensar que sin intervención del gobierno esto se pueda dar. El libre mercado solo ve en la capacidad de competencia la sobrevivencia de los actores de la cadena. En esta medida es inevitable que exista la ley del más fuerte y es por ello que las grandes empresas ahora controlan la mayoría de los eslabones, convirtiendo a la cadena en un grillete para los pequeños productores. Esto lo acompañan de normas y leyes que aparentan un ánimo democrático donde priman la calidad y el interés por la salud.

Respecto a la investigación y las finanzas es necesario darle un vuelco al modelo. El Estado se viene separando de la obligación de financiar. Hoy la investigación es orientada por la empresa privada para sus intereses. Por ejemplo, CORPOICA como empresa mixta y las Universidades públicas investigan principalmente lo que es rentable para la empresa privada. Pero además, se ha endiosado la tecnología de punta como si sólo gracias a ella pudiéramos lograr bienestar, desechando el conocimiento y las semillas ancestrales y considerándolos símbolo de atraso. De esta manera las grandes empresas biotecnológicas nos imponen su tecnología y las políticas y leyes le ayudan, obligando a los productores a usarlas. Es normal que el crédito exige al uso de semillas mejoradas, agroquímicos, etc. Es común que los productores hagan alianzas con prestamistas que los obligan a utilizar un tipo de semillas y paquete tecnológico. Es normal que el agricultor arriende su tierra para sembrarla con un solo monocultivo y donde el agricultor se convierte en jornalero de los inversionistas.

De esta manera es que se está perdiendo la soberanía alimentaria del país. Sin embargo, estamos a tiempo de retomar el timón. La agricultura familiar “según estimativos de FAO-BID (2007) responde por más del 30% de la producción de cultivos anuales en Colombia, en los que se incluyen los principales alimentos de consumo masivo, con un peso muy alto en maíz y fríjol. En Colombia y Ecuador, según FAO-BID (2007), la agricultura familiar está conformada por cerca de 1,5 millones de explotaciones, que equivalen al 87 y 88% del total de explotaciones, las cuales cubren el 66 y el 48% de la superficie agropecuaria y contribuyen con el 41 y el 45% del valor de la producción, respectivamente. En Colombia aportan el 57% del empleo sectorial” (Perry, Santiago. Agricultura Familiar y Seguridad Alimentaria en Países Andinos. Centro Latino Americano para el Estudio Rural. 2013).

El mismo autor señala: “En Colombia un estudio más reciente (Garay et al. 2009) destaca también el papel de la AF, pues encontró que los hogares de economía campesina en Colombia: i) ascienden al 12% del total de hogares en el país; ii) representan el 55% de los hogares vinculados a la rama agropecuaria; iv) constituyen el 87% del total de productores agropecuarios; v) cosechan cerca del 57% del área dedicada a cultivos agrícolas y responden por el 57% del volumen de la producción agrícola (excluido el café), y vi) responden por proporciones importantes de los inventarios pecuarios (21% en bovinos – 40% de los especializados en leche -, 71% en porcinos y 5% en aves)” (Idem).

“Los productos en que la AF representa la mayor parte del área total sembrada en el respectivo cultivo son el ñame y el fique con el 100%, el tabaco con el 96%, el fríjol y la caña panelera con el 89%, la yuca con el 86%, el maíz con el 80%, el ajonjolí y las hortalizas con el 76%, el trigo con el 74% y el cacao con el 72% (Garay et al. 2009)… De otro lado Forero (2010), estimó que del área cultivada en Colombia la AF contribuye con el 61,9%.” (Idem).

Debemos tener en cuenta además estas cifras (Guzmán Edwin. ECONOMÍA COLOMBIANA Concentrada, injusta, insostenible. Junio de 2006. Centro de Investigaciones del Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia):

– En Colombia 655.000 hogares campesinos no tienen tierra.

– 2.250.000 hogares (58% de los propietarios rurales) poseen minifundios de menos de 3 hectáreas. Son propietarios de 1,7% de las 82 millones de hectáreas incluidas en el registro catastral.

– 2.428 terratenientes poseen el 55% de la propiedad de la tierra (44 millones de hectáreas).

Sobre esta situación de concentración de la tierra es que las comunidades campesinas, indígenas y afro vienen incidiendo con resultados poco alentadores. Las figuras de Resguardos Indígenas, Territorios de Comunidades Negras, Zonas de Reserva Campesina y Distritos Agrarios, se contraponen a los intereses de terratenientes y empresarios que buscan a toda costa, incluyendo la violencia, despojar a las comunidades de sus tierras e impedir que estas figuras jurídicas se consoliden. Este en última instancia es el gran centro del problema: ¿Quién contralará las tierras productivas? ¿Quién controlará las semillas? ¿Quién controlará el alimento?. Creemos que debe ser el Estado a través de políticas sociales coherentes y no las empresas transnacionales a través de la imposición del Libre Comercio.

Ejes Temáticos de la Audiencia

Fuente: http://www.hernandohernandeztapasco.net