Hoy 20 de junio, día mundial de la persona refugiada, la Campaña por la Hospitalidad señala que permanece en nuestro continente un gran número de personas en situación de refugio. En los últimos 10 años se estima que más de 600.000 han estado forzadas a salir de sus países para preservar su vida y se encuentran con necesidad de protección. Desde hace décadas el conflicto colombiano genera el más amplio flujo de personas refugiadas (y también desplazadas internas) en el continente, que afecta no sólo los países fronterizos de Colombia, sino que llega hasta los países del Cono Sur y de Norte América. Además, las dinámicas de creciente violencia e inseguridad social en Centroamérica, México y en otros países de la región están provocando que más y nuevas personas deban dejar sus países en búsqueda de seguridad y protección.
Llamamos la atención sobre el impacto negativo de la interpretación restrictiva de la definición de refugiado que se está adoptando en muchos países de la región y cuyo efecto es la exclusión de muchas personas de la posibilidad de ver reconocida su situación y de acceder al disfrute de sus derechos. Como consecuencia, esas personas quedan en una situación de indocumentación que constituye una nueva vulnerabilidad y las expone a la posibilidad de detención por falta de documentación y a la deportación por presencia irregular, precisamente al país del cual quisieron alejarse Detectamos además una visión regresiva basada en un enfoque de seguridad nacional que presenta obstáculos para el acceso efectivo a la protección o lo impide, mediante plazos y requisitos no apropiados para el tratamiento de personas que solicitan el estatuto de refugio.
Constatamos que persisten vacíos de protección. En particular los países de la Región Andina y Panamá no han logrado armonizar las normas, los procedimientos y las políticas de atención a las personas solicitantes y refugiadas conforme a las aspiraciones señaladas en el Plan de Acción de México del año 2004. Algunos procedimientos presentan aspectos problemáticos y/o ambiguos que atentan o dificultan el acceso efectivo, el “debido proceso” y el ejercicio del derecho a la defensa, conforme a los estándares internacionales aceptados de Derecho Internacional de Refugio y de Derechos Humanos. Especialmente destacamos la necesidad de que las nuevas condiciones de violencia y de crisis social que producen expulsión sean reconocidas entre las causales del refugio y generen la obligación de protección internacional.
En el año del 30 aniversario de la Declaración de Cartagena instamos a los Estados de América Latina y el Caribe a recuperar el espíritu de esa Declaración y a poner todos los medios para garantizar la protección internacional a las personas refugiadas, utilizando un enfoque integral de derechos para alcanzar soluciones duraderas.
Hoy, más que nunca, hay que tomar partido por las y los refugiados.
