En nuestro V Encuentro Nacional de Acueductos Comunitarios, aguas para la paz, más de 250 mujeres y hombres, procedentes de diversas regiones de Colombia, deliberamosdurante los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2015 en Villavicencio sobre las amenazas, las resistencias y las alternativas alrededor de la gestión comunitaria del agua en nuestro país; especialmente la política pública nacional que privatiza el servicio público y comunitario del agua y fomenta el modelo de desarrollo extractivista que contamina, privatiza, desaparece, acapara y seca las fuentes de agua.
Representantes de organizaciones comunitarias gestoras del agua, veredales y barriales, redes y asociaciones departamentales y regionales, organizaciones sociales y ambientalistas de los departamentos del Meta, Casanare, Guaviare, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Tolima, Nariño, Valle del Cauca, Bolívar, Magdalena, Guajira, Antioquia, y Bogotá D.C, analizamos las situaciones vividas en cada territorio en torno a la gestión del agua.
Reiteramos en nuestros análisis que estas políticas públicas y la normativa excluyen y desconocen la gestión comunitaria del agua como entramado comunitario que ha garantizado el acceso y suministro de agua a la población campesina, indígena, afrodescendiente y popular de Colombia. Somos invisibilizados a nombre de “la transformación empresarial” del sector de agua y saneamiento, nos hablan de mercados regionales, de grandes empresas, de zonas de servicio exclusivo, y dicen que somos ineficaces, insostenibles y dispersos en el territorio. Nos nombran para desconocernos y poder entregar el acceso y suministro de agua a los negociantes privados omitiendo nuestros derechos fundamentales de asociación, autonomía, promoción, fortalecimiento, participación y al agua en condiciones dignas y justas.
Este V Encuentro también es un acto de solidaridad con las comunidades organizadas de nuestra región anfitriona, la Orinoquía. En la llanura y altillanura, la cordillera oriental y el piedemonte llanero, que se extiende desde Arauca hasta la sierra de La Macarena en el Meta, es una de las zonas más importantes de recarga hídrica de la Orinoquía, al poseer el 55% de todas las reservas subterráneas de agua dulce de Colombia. Una de sus mayores problemáticas es la exploración y explotación petrolera que por más de 40 años ha provocado la profundización, contaminación, acaparamiento y despojo de aguas, modificación del ciclo hidrológico, deforestación, afectación al paisaje, desplazamiento territorial, militarización del territorio y la ruptura de tradiciones culturales campesinas e indígenas. Igualmente ha sufrido agresivas intervenciones extractivistas con plantaciones de palma de aceite, maderables y otros monocultivos, ganadería, megaproyectos energéticos y de infraestructura, como las vías de cuarta generación, que han alterado el sistema hídrico superficial y de acuíferos al destruir morichales y humedales.
En este espacio de consenso reafirmamos nuestra propuesta de una ley propia para acueductos comunitarios que incluya nuestras especificidades y sea instrumento político para exigir que se nos reconozcan y garanticen nuestros derechos. Nos proponemos un litigio estratégico como mecanismo de exigibilidad del derecho humano al agua, la defensa de la gestión comunitaria del agua y de la vida. Continuaremos la construcción colectiva de nuestra ley propia con propuestas viables y consensuadas desde nuestra Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia como espacio de articulación política entre procesos regionales para la movilización y la consolidación de propuestas en defensa de la gestión pública-comunitaria del agua.
Sin agua no hay paz. La paz es mucho más que el silenciamiento de los fusiles y la negociación del fin del conflicto entre actores armados. Éste es sin duda un primer paso que saludamos y respaldamos, pero la construcción de una paz integral y duradera requiere de la participación de sujetos políticos que históricamente han defendido la vida en todas sus manifestaciones. Justamente, las comunidades organizadas para la prestación del servicio del agua somos defensoras del territorio frente a las amenazas de un modelo de desarrollo contrario a las promesas de paz del gobierno de Juan Manuel Santos, que mientras enuncia avances en las negociaciones ha declarado la guerra a la población y a la naturaleza para favorecer los intereses económicos de las corporaciones trasnacionales. Reiteramos que la construcción de la paz es nuestro compromiso histórico y todas nuestras acciones se orientan a la búsqueda de la justicia expresada en la lucha cotidiana por la defensa de los bienes comunes y por el reconocimiento del agua como derecho humano fundamental.
Sin agua no hay vida y sin ella no se puede hablar de derechos, justicia, paz y democracia.
8 de noviembre de 2015
Villavicencio-Meta, Colombia
Fotografía
Pedro Antonio Ojeda Pinta
